RENAN SANCHEZ TAJONAR, LIMPIA EXPEDIENTE DE GUSTAVO MIRANDA GARCIA
*Para eludir los cuestionamientos y entorpecer las posibles investigaciones, el Poder Legislativo de Quintana Roo borró todos los contratos celebrados durante la gestión de Miranda García al frente de la Jugocopo, entre estos, el del software Blockchain
*Sólo un año bastó para que la dupla Miranda-Tajonar desviara más de 13 millones de pesos en bonos navideños y remodelaciones; además de inflar la nómina
*Redacción/Sol Quintana Roo*
*Chetumal*.- En su afán de proteger a quien lo promoviera como secretario general del Congreso, en 2020, Renán Sánchez Tajonar, actual líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), ordenó “limpiar” el historial de su exjefe, Gustavo Miranda García, quien goza de total impunidad mientras juega polo o se pasea en helicóptero.
Para eludir los cuestionamientos y entorpecer las posibles investigaciones, el Poder Legislativo de Quintana Roo borró todos los contratos celebrados durante la gestión de Miranda García al frente de la Jugocopo, cargo que ocupó durante un año.
Mediante una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia fue posible constatar que el apartado “contratos de obras, bienes y servicios” registra apenas cinco operaciones entre agosto y diciembre de 2020 (tres por licitación y dos por adjudicación directa), y cuatro (dos por licitación y dos por adjudicación directa) entre el primer y segundo trimestre de 2021.
Todas estas contrataciones, correspondientes al periodo de Miranda García al frente de la Jugocopo y la gestión de Renán Eduardo Sánchez Tajonar como secretario general del Congreso, no registran datos.
En otras palabras, al intentar revisar el detalle de los contratos surge otra ventana con la leyenda “No se encontraron registros”, eliminando así cualquier evidencia de las anomalías de este par.
El amiguismo entre Miranda García y Sánchez Tajonar, ambos militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue evidente cuando, un día después de ser nombrado líder de la Jugocopo, Gustavo Miranda promovió a Renán Sánchez como secretario general del Congreso.
Ambos ocuparon esos puestos entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, tiempo suficiente para que Miranda García encontrara la manera de desfalcar al Poder Legislativo de la mano de su alfil.
En marzo de 2021, el entonces presidente de la Jugocopo presentó la plataforma Blockchain, la cual —según sus palabras— coadyuvaría en el seguimiento al estado de las iniciativas.
“Seremos el primer parlamento en America Latina en implementar la tecnología #BLOCKCHAIN. A partir de ahora, quien presente una iniciativa obtendrá un código QR que al ser escaneado podrá consultar, descargar y validar su documento, garantizando el seguimiento puntual de su trámite.
“Documentos como dictámenes y decretos, entre otros, tendrán un mismo tratamiento, por lo que se acabará con suspicacias en cuanto a la suplantación o modificación de estos durante su proceso legislativo”, escribió en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, lo que el diputado verde omitió fue que el software no sería comprado, sino rentado por un monto de cuatro millones 964 mil 800 pesos, los cuales se diferirían en ocho pagos, entre enero y agosto del año pasado, como consta en una parte del contrato, en poder de Sol Quintana Roo.
Esto quiere decir que el anuncio del uso de la tecnología se dio casi tres meses después de haber sido contratada, cuando el Poder Legislativo ya había erogado un millón 861 mil 800 pesos.
La contratación despertó las alarmas entre asociaciones civiles y los propios diputados, quienes coincidieron en que este software no era necesario y tampoco práctico, dado que las consultas a las iniciativas no superan las 50 diarias, por lo que Blockchain se encontraba sobrecalificado.
SE ROBARON LA NAVIDAD
Durante el periodo que Gustavo Miranda estuvo al frente de la Jugocopo, trabajadores afiliados al Sindicato Único del H. Congreso del Estado denunciaron la “desaparición” de 12 millones de pesos etiquetados para bonos, prestaciones de fin de año, rifas y regalos.
Además, los agremiados acusaron que las canastas navideñas que recibieron fueron compradas a sobreprecio, pues, según el legislador verde, su costo era de tres mil 600 pesos, cuando su valor real era de 800 pesos.
Otro de los megadesvíos de la dupla Miranda-Tajonar fue a través de la remodelación de los baños del Congreso, por la que se pagó un millón 200 mil pesos, aun sin el consentimiento del resto de los diputados.
Asimismo, se les recuerda por contratar a la empresa de outsourcing Grupo Fácil Empresarial, S.A. de C.V. para inflar la nómina del Poder Legislativo; decisión que también tomaron sin consultar al resto de los miembros de la Jugocopo.
ESTALLA EL ESCÁNDALO
Una investigación periodística reveló que el entonces presidente de la Jugocopo y su madre, Érika Luz García Deister, estarían implicados en lo que denominaron el “Cártel del Despojo”.
Se trata de un esquema en el que, junto con Luis Pablo Bustamante, entonces dirigente del PVEM en Quintana Roo y actual Secretario de Desarrollo Social, simulaban juicios laborales para hacerse de propiedades de alta plusvalía, entre estas, un departamento en residencial Maioris Tower de Puerto Cancún; otro en residencial “La Vista El Table Cancún”.
Según la publicación, Luis Pablo Bustamante Beltrán, acompañado de José Luis Gómez Sosa, Carlos Ismael Adrián Albornoz y Marcela Bañuelos Cobos, simularon ser trabajadores de Erika Luz García Deister, a través de García y Miranda Trading S.A. de C.V., y Operadora Turística Luz, S.A. de C.V., dedicadas a la venta de tiempos compartidos.
Señalando que devengaban un salario mensual de 90 mil pesos, reclamaban una indemnización al 100 por ciento por un supuesto despido injustificado ocurrido el día 27 de julio de 2015.
Todos pedían indemnización completa de tres meses, prima vacacional, salarios caídos, prima de antigüedad y hasta reparto de utilidades y aguinaldos; pero ninguno de ellos presentó contrato, mucho menos sus registros hacendarios.
Aun así, la presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, Teresa de Jesús Ku Pat, les dio la razón en un proceso sin precedentes por la rapidez del fallo, en la que determinó en menos de dos meses, fallar a favor de los trabajadores.
Ordenó que se cumplieran todos sus reclamos por un monto total superior a los 10 millones de pesos. Resulta que la demandada ni siquiera estuvo presente en el juicio y cuando les preguntaron a los trabajadores como querían cobrarse, ellos decidieron que fuera a través de un departamento ubicado en el complejo de lujo Maioris Tower, ubicado en la Zona Hotelera de Cancún.
Dicho inmueble tenía un valor de 13 millones de pesos en 2015, cantidad mayor a lo que supuestamente adeudaba a los empleados “sobrepagados”.
Cuando el banco Sabadell dejó de percibir los pagos del crédito de la propiedad, acudió al Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo, para bloquear el inmueble y así cobrar el adeudo que tenía la empresaria. Grande fue su sorpresa al encontrar que éste ya no le pertenecía a Erika García, sino a sus supuestos empleados en complicidad con la Junta Laboral, el Registro Público y la Notaría Pública de Cozumel, que consumó el atraco de forma relampagueante.
Otro caso más encabezado por la misma pandilla delictuosa fue llevado ante la misma Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, en 2015, por Jorge David Segura Rodríguez, Esaú González Cruz, Florentina Araujo Zamora y Xavier Miro Solórzano, quienes encabezaron el expediente laboral número 153/2015.
La fórmula fue la misma. Acusaron a Erika García Deister de despido injustificado y pidieron completa indemnización. En consecuencia, obtuvieron un fallo que decretó la adjudicación de un lujoso departamento en el Residencial “La Vista, El Table, Cancún”.
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