-:- Según el simulacro de investigación de la FGE ya hay culpable en el caso Ramiro -:-
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La Fiscalía General del Estado sigue sin brindar certeza ni claridad en la investigación por homicidio calificado del joven enfermero Ramiro Cáceres López, mientras crecen las dudas y señalamientos por parte de la sociedad y la familia del principal señalado: Clemente “N”.
De acuerdo con las declaraciones de su madre María Jesús Martínez y esposa Fabiola Pérez, Clemente fue detenido el pasado miércoles bajo engaños, ya que le indicaron que debía rendir una declaración en calidad de testigo. Sin embargo, desde ese día permanece detenido, sin una defensa legal efectiva ni acceso adecuado a sus derechos procesales.
Las mujeres denuncian que Clemente ha sido víctima de tortura, mientras que su abogado de oficio no ha hecho nada por protegerlo, ni por verificar la legalidad de su detención. Ambas coinciden en que el día 13 de abril —fecha en que Ramiro desapareció— Clemente permaneció todo el día en casa, saliendo únicamente a comprar tortillas, lo cual no representa un margen de tiempo suficiente para cometer el crimen del que hoy se le acusa.
La esposa de Clemente con lágrimas en los ojos sostiene con firmeza que su esposo no conocía a Ramiro, y que no hay vínculo alguno entre ellos. Sin embargo, la Fiscalía ha informado en un boletín la detención de Clemente “N” como presunto responsable del homicidio calificado, sin haber presentado hasta ahora pruebas contundentes que lo señalen como el autor material.
Lo que más indigna a la sociedad es que, en lugar de esclarecer los hechos con profesionalismo y rigor técnico, la Fiscalía parece más estar preocupado por “poner un chivo expiatorio” para aparentar que se ha hecho justicia. Pero la justicia no se construye con culpables improvisados, sino con investigaciones serias, con pruebas forenses verificables, como la prueba de rodizonato de sodio, capaz de detectar si una persona disparó un arma de fuego, o análisis balísticos que puedan conectar (o no) a Clemente con el arma homicida.
¿Dónde están esas pruebas? ¿Qué peritajes se han realizado? ¿Qué evidencias hay más allá de una narrativa sin sustento? Estas son las preguntas que hoy se hacen la familia del detenido y quienes aún creen en un sistema de justicia con rostro humano.
El clamor social exige justicia para Ramiro Cáceres, pero no a cualquier costo, ni con cualquier historia. No basta con fabricar un culpable para calmar la indignación. Lo mínimo que exige la ciudadanía es una investigación transparente, sin tortura, sin fabricación de pruebas, y con apego estricto a los derechos humanos. El dolor de una familia no puede usarse como excusa para ocultar la ineficiencia de las autoridades.
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