Ante esta situación, los afectados ingresaron un documento dirigido a la presidente municipal de Benito Juárez Mara Lezama donde, formalmente, hacen una petición con fundamento en la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para que sean respetados sus derechos plenos como menores y bajo el amparo de la Ley Superior del Menor, que a nivel federal prevalece sobre todas las decisiones de las autoridades como un mandato unilateral y en orden de importancia jurídica. Esta decisión unilateral por parte del gobierno municipal, de demoler estos espacios deportivos contraviene el derecho a una vida sana, afecta el libre derecho a la participación, recreación, sano esparcimiento, identidad cultural y desarrollo de la identidad deportiva de estos niños y adolescentes, así como el mantenimiento pleno de una vida sana, en un entorno saludable y pleno.
La Convención sobre los Derechos
del Niño se ha utilizado en todo el mundo para promover y proteger los derechos
de la infancia. Desde su aprobación, en el mundo se han producido avances
considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia a la supervivencia,
la salud y la educación, a través de la prestación de bienes y servicios
esenciales, entre ellos los espacios de recreación, esparcimiento y acceso a
una vida sana con todo lo que eso implica.
Es por ello que los trabajos ya iniciados para la Remodelación del
Estadio de Béisbol Beto Ávila, y la anunciada desaparición del campo de Futbol
Guillermo Cañedo, el Estadio Cozumel y las Canchas de Tenis Pancho Contreras,
violan de manera íntegra sus derechos comprendidos y estipulados en los
artículos 3, 4, 12, 27 y 31 de dicha Convención.
Con base en estos artículos,
niñas, niños y adolescentes tienen derecho al esparcimiento, al juego y a
participar en las actividades artísticas y culturales, entre ellas los espacios
deportivos.
Esta exigencia de ser escuchados y tomados en cuenta nace de la naturaleza lúdica, empoderada y participativa, que, en el pleno uso de sus derechos, tienen estos pequeños y jóvenes; quienes merecen ser tomados en cuenta en las decisiones que toma el gobierno municipal, por lo que hacen llegar esta petición a la presidente Mara Lezama solicitando su intervención y actuación, como respuesta y compromiso que la misma Constitución le obliga como servidor público a cargo del asentamiento humano del que estos niños y jóvenes forman parte.
