El reporte de la Auditoría
Superior de la Federación dio a conocer fallas en el Seguro Popular y emitió
una serie de recomendaciones al Insabi y la Secretaría de Salud.
Si bien el número de
afiliados al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), conocido como Seguro
Popular, aumentó 12% al pasar de 11.4 millones a 53.5 millones de 2005 a 2018,
este no cumplió con los objetivos planteados, así lo expuso la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) al revelar que al menos 14.5 millones de
personas no contaron con acceso a algún servicio de salud.
“En opinión de la Auditoría
Superior de la Federación, al cierre de 2018, a 15 años de implementarse el
SPSS (…) logró afiliar a 53,530,359 personas, el 78.6% de las 68,112,161
personas sin seguridad social (…) No obstante: el 21.4% de la población sin
seguridad social, equivalente al 11.7% del total de la población (14 millones
581,802 personas), no contó con acceso a algún servicio de salud”, apuntó.
La Auditoría señaló que
incluso la cifra total de beneficiarios no es del todo confiable ya que, de
acuerdo con el cotejo, se encontró que había 4.7 millones de registros
duplicados con los padrones de las instituciones de seguridad social y los
esquemas públicos y sociales de atención médica
ASF le deja tarea al Insabi
y a la Secretaría de Salud
En el reporte, que se
desprende de la Cuenta Pública 2018, se plantea que no se lograron atender las
causas del problema público que dio origen al SPSS: la fragmentación del
sistema; la distribución del gasto público por persona en salud entre las
entidades de acuerdo con las necesidades de la población; la garantía de un
tratamiento igualitario de patologías en las instituciones, y la homologación
del conjunto de intervenciones médicas otorgadas en el país.
Es decir, que el Seguro
Popular no cumplió con el fin con el que se creó durante el sexenio de Vicente
Fox.
No obstante, ante la llegada
de un nuevo plan para dar servicios de salud a la población sin seguridad
social, que estará a cargo tanto de la Secretaría de Salud, como del Instituto
de Salud para el Bienestar (Insabi), la ASF emitió una serie de
recomendaciones, tales como:
Definir los objetivos,
estrategias y líneas de acción, que le permitan establecer las acciones que
realizará el Ejecutivo Federal, así como el costo y los recursos necesarios, para
lograr los objetivos de la prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.
La ASF pide a las
autoridades definir e implementar estrategias que garanticen que los servicios
médicos y las intervenciones incluidas en el "Compendio Nacional de
Insumos para la Salud” e implementar los mecanismos necesarios que aseguren que
los establecimientos que prestan gratuitamente los servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.
Al Insabi:
Definir y normar los
criterios para calcular el monto de los recursos financieros que se destinarán
a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos;
Establecer mecanismos que
garanticen que, se registre el uso y destino de los recursos que se transfieran
al Fondo de Salud para el Bienestar.
Diseñar un modelo de
evaluación de la prestación gratuita de servicio de salud, medicamentos y demás
insumos asociados a las personas sin seguridad social.
En tanto a la Secretaría de
Salud, solicita que elabore el diagnóstico en el que se cualifique y
cuantifique la población objetivo sin seguridad social por relación laboral que
no cuenta con acceso a los servicios de salud.
Las fallas del Seguro
Popular
Entre las fallas del
programa están que las 359 intervenciones cubiertas por el SPSS representaron
solo el 2.8% de las 12,638 contenidas en la clasificación estadística
internacional de enfermedades.
El documento señala que el
Sistema no logró satisfacer de manera integral las necesidades de salud de sus
beneficiarios y no se encontraron mecanismos para articular el funcionamiento
de los establecimientos de salud y el intercambio de servicios para incidir en
las barreras de acceso de las personas sin seguridad social a los servicios de
atención médica, lo que repercutió en que el SPSS no resolviera la
fragmentación del Sistema Nacional de Salud.
Respecto a la duplicidad de
los beneficiarios, la Auditoría se identificaron cuatro millones 663,080
registros del padrón del SPSS, con concurrencias, respecto de los esquemas
públicos y sociales de atención médica, de los cuales el 94.8% (4.4 millones
registros) correspondieron al IMSS; 3.9% (183,695 registros) al ISSSTE; 0.9%
(40,825 registros) al ISSFAM, y 0.4% (16,406 registros), a Pemex.
La ASF señala que, de los
35,398 establecimientos médicos en operación en 2018, sólo 8,682 (24.5%)
estaban acreditados para otorgar servicios en alguno de los catálogos de
intervenciones del SPSS.
Asimismo, las autoridades en
Salud no comprobaron que la población afiliada tuvo acceso efectivo, de
calidad, sin desembolso y sin discriminación a los servicios
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.
Crecieron los afiliados,
pero no las camas
En contraste al crecimiento promedio
de 12.6% anual en número de afiliados, el número de unidades médicas lo hizo
tan sólo en 2.2%, al pasar de 12,563 a 16,594; el de camas censables, en 1.2%,
de 33,388 a 38,801; el de médicos, en 4.4%, de 65,550 a 114,510, y el de
enfermeras, en 5.4%, al pasar de 83,097 a 165,500.
Respecto al número de camas,
el país se ubicó a la par de países como Costa Rica e Indonesia y solo por
encima de la India.
“México estaba en el lugar
41 de los 44 países miembros para los que se dispuso de la información, con 1.4
camas por cada 1,000 habitantes, 3.3 puntos menos que el promedio de la OCDE de
4.7 camas, y 11.7 puntos menos que Japón, país con el mayor número de camas en
promedio, con 13.1, y sólo arriba de Costa Rica, con 1.1 camas; Indonesia, con
1.0 camas, y la India, con 0.5 camas”, dice el reporte.
