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domingo, 24 de noviembre de 2024

👁️ REMATO EL PATRIMONIO DE Q. ROO 👀

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-:- El Juzgado Primero de Distrito de Chetumal, admitió una nueva demanda de amparo contra la Fiscalía General de la República, promovida por Claudia Romanillos Villanueva -:-

Playa del Carmen.- El Juzgado Primero de Distrito de Chetumal, admitió una nueva demanda de amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR), promovida por Claudia Romanillos Villanueva, acusada de rematar el patrimonio de Quintana Roo en la época del gobierno de Roberto Borge Angulo.

Este viernes, el citado órgano jurisdiccional admitió la nueva demanda contra resolutivos que no le favorecen a la ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (Ipae).

El escrito fue presentado el pasado miércoles 20 en la ciudad de Chetumal y le fue asignado el expediente 860/2024 de amparo indirecto. Esta demanda combate legalmente resolutivos que no le favorecen a la borgista, relacionados con la carpeta de investigación con terminación 159/2017, por el remate de terrenos propiedad del estado a precios subvaluados, de acuerdo con documentos a los que Sol Quintana Roo ha tenido acceso.

En el caso de esta demanda de amparo, según el expediente, Romanillos Villanueva no solicitó ningún tipo de suspensión contra los actos reclamados, de acuerdo con el acuerdo de admisión.

“Apertura de cuaderno único del incidente de suspensión Sin que sea el caso aperturar el incidente de suspensión, en virtud de que no fue solicitado por la parte quejosa” (sic), se lee en el acuerdo dictado este viernes.

Claudia Romanillos, que ocupó uno de los puestos más importantes en el antepasado sexenio estatal, fue acusada junto con Roberto Borge Angulo de rematar terrenos propiedad del gobierno quintanarroense, a precios extremadamente bajos, en algunos casos a cero pesos.

Mientras que el ex ejecutivo estatal permanece en prisión mientras espera sentencia imputado por este y otros delitos, Claudia Romanillos se mantiene alejada de los reflectores en probable calidad de evasora de la justicia.

Sus actos cometidos, hace ya casi una década, aún permean en la sociedad actual a la que se le privó de servicios públicos por las actuaciones antijurídicas que realizó la exfuncionaria.

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