-:- El caso de la niña baleada -:-
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Una vez más, el Ayuntamiento de Benito Juárez emite un comunicado como quien lanza un salvavidas en un naufragio que ya arrastró demasiadas vidas. La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, informa que “están al pendiente” de la menor lesionada, que “recibe atención médica” y que el DIF y el GEAVIG “brindan apoyo integral”.
Pero, ¿dónde estaban cuando esa niña fue herida? ¿Cuáles fueron las acciones previas para prevenir que esto ocurriera? ¿De qué sirve llegar después con un comunicado de apoyo institucional cuando lo que falta es un sistema real de prevención, seguridad y justicia efectiva?
Las palabras son correctas, medidas, institucionales. Pero están vacías. En Benito Juárez, los hechos se repiten con alarmante frecuencia: menores violentadas, mujeres desaparecidas, víctimas que terminan convertidas en cifras que apenas merecen un tuit oficial.
Dicen que “no van a permitir que estos hechos queden impunes”, como si la impunidad fuera un monstruo externo y no una consecuencia directa del abandono, la negligencia y la descomposición institucional.
¿Quién permitió que las condiciones sociales, culturales y de seguridad permitieran que una menor fuera violentada así? ¿Qué hicieron para evitarlo? ¿Dónde están los patrullajes preventivos, las redes de vigilancia, los presupuestos invertidos en verdaderos programas de protección y no en simulaciones?
Lo cierto es que la impunidad no se rompe con discursos, se rompe con acciones concretas, con resultados visibles, con detenciones reales, con condenas firmes y con un sistema que, en vez de reparar víctimas, impida que existan.
Mientras tanto, este tipo de posicionamientos suenan a lo de siempre: un intento por salvar la imagen pública, no a las personas.
Acompañar a una niña lastimada no es un mérito: es una obligación mínima. Lo verdaderamente valiente sería evitar que más niñas pasen por lo mismo. Lo demás, con todo respeto, es hipocresía institucional.
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